Tierra verde

La Junta subasta en León lobos ibéricos para cazar a pesar de que será especie no cinegética

WWF anuncia que llevará el caso a la Fiscalía y critica el órdago del PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, además de que creará falsas expectativas e indefensión entre los propios cazadores. El consejero Suárez-Quiñones defiende la medida y su legalidad, recordando que el Supremo también es la opción de las comunidades que se oponen a proteger a la especie.

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Ejemplar de lobo abatido en Asturias. / Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
Carlos J. Domínguez | 16/06/2021 - 13:30h.

A finales de este año 2021 y principios de 2022, cuando haga meses que el Gobierno de España, siguiendo directivas europeas, haya prohibido la caza del lobo ibérico en todo el territorio español, habrá cazadores que habrán pagado y logrado presuntos derechos para abatir a disparos cuatro ejemplares de esta especie en la provincia leonesa.

La organización conservacionista WWF España acaba de denunciar públicamente la subrepticia maniobra de la Junta de Castilla y León, que gobiernan Partido Popular (PP) y Ciudadanos, para subastar dos lotes de lobos en la Reserva Regional de Caza de Riaño, en concreto en Acebedo y el Burón, ambas para diciembre de este mismo año, y otros dos en la Reserva Regional de Ancares.

Se trata de una auténtica "provocación" que no se quedará sin respuesta, incluso judicial, según desvela WWF, quien recuerda que la Junta es plenamente consciente del anuncio definitivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el acuerdo mayoritario de las autonomías, en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, de la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, lo que supondrá la prohibición de su caza a partir del 25 de septiembre.

Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, defiende que la caza de estos ejemplares está amparada por el Plan de Aprovechamiento Cinegético en vigor (que autorizó para tres años la muerte legal a disparos de 153 ejemplares de lobo sólo en la provincia de León), y que son las juntas vecinales que ejercen esos derechos las que han solicitado la subasta de esos ejemplares.

El consejero 'achusmando' a los lobos en un momento de la visita. / José Luis Leal / ICAL
El consejero 'achusmando' a los lobos en una visita al centro de esta especie en Zamora. / José Luis Leal / ICAL

El propio consejero explicó que la exclusión de la caza para esta especie será una orden ministerial "que está tramitando, que no está publicada, aprobada ni es eficaz, y por tanto mientras no haya una normativa distinta el lobo sigue teniendo un carácter cinegético en el norte de Castilla y León". Incluso recordó que cuando la orden se dicte, "si se dicta, nosotros la vamos a recurrir y vamos a pedir medidas cautelares para su suspensión", por lo que aspiran a continuar con esa caza.

Sin embargo, el órdago de la Junta tendrá respuesta conservacionista y será judicial. WWF ha anunciado que elevará el caso a la Fiscalía por si observa que la maniobra es constitutiva de algún presunto delito por parte o "una mala praxis administrativa" de la administración autonómica, argumentando que la venta de estos derechos de caza es una provocación hacia la sociedad y, además, puede generar un problema a los propios cazadores.

"Ruido" y frente contra el Gobierno

Así lo considera Luis Suárez, coordinador de Conservación en WWF España, quien justifica que "la Junta de Castilla y León es plenamente consciente de que se está tramitando una orden para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe) para que deje de ser una especie cinegética a partir del 25 de septiembre". Lo sabe Castilla y León porque lleva meses sumado e incluso abanderando un frente común contra el Gobierno, junto a otras autonomías del noroeste como Galicia (también del PP), Asturias (PSOE) o Cantabria (PRC).

Por ello, desde la organización conservacionista ven claro que con esta maniobra, el Gobierno autonómico "está vendiendo unos derechos que no existen y que no se van a poder ejercer, creando indefensión y confusión ante los cazadores y buscando alimentar únicamente la situación de ruido y de confusión, en lugar de trabajar por la conservación efectiva de la especie".

La organización insiste, en consonancia con el Ministerio, con todas las organizaciones ecologistas y la mayoría de las autonomías españolas, en que "hay gestionar la población española como una sola población", sin distinciones territoriales, evitando así, por ejemplo, que en Castilla y León se puedan abatir lobos en todas las provincias al norte del río Duero, León incluido, pero esté prohibido por Europa al sur del Duero. Y es que recuerdan que así "lo reclama la ciencia y la normativa europea". No en vano, "España es el único país de Europa Occidental donde el lobo no está protegido en todo el territorio nacional y donde es posible su caza deportiva".

Con estadísticas en la mano, la organización subraya que "la caza del lobo no aporta nada, puesto que ni siquiera sirve para controlar los daños a la ganadería", todo lo contrario que defiende la Junta de Castilla y León, que emplea a menudo ese argumento de los daños al campo para justificar los cupos de caza y lo que denomina control de poblaciones.

Los números 'cantan' en León

Esas estadísticas en concreto en León dicen que en 2020 bajó casi un 30% el número de ataques del cánido a la ganadería en la provincia en los nueve primeros meses, apenas 116 episodios oficialmente contabilizados por la Junta de Castilla y León que dejaron 183 reses muertas, y eso a pesar de que el grueso de la pandemia de covid prohibió incluso vigilar las cabañas ganaderas.

Es relevante recordar que estos datos se producen en una provincia, León, que se lleva la palma en el censo estimado de lobo ibérico en la Comunidad al norte del Duero, con 433 ejemplares de los poco más de 1.000 en toda la Comunidad, rozando el 50%, y sólo seguida de Zamora por sus 248 lobos contabilizados.

Dos ejemplares de lobo ibérico. / Foto Ana Retamero Olmos / Estudio Ecologistas en Acción
Dos ejemplares de lobo ibérico. / Foto Ana Retamero Olmos / Estudio Ecologistas en Acción

A pesar de esos daños inferiores, en ese mismo período se abatieron a disparos 25 lobos en la provincia de los 51 disponibles en el cupo anual aprobado, más ejemplares muertos a disparos que el anterior.

A pesar de ello, Suárez-Quiñones defendió este miércoles en León capital que el lobo y su protección causan "un daño enorme al medio rural sin justificación ninguna, porque no la hay en razones de conservación sino que son ideológicas y culturales que entendemos que no pueden estar por encima de la pervivencia de nuestros pueblos y nuestros ganaderos".

WWF mantiene activa la campaña 'Yo defiendo al lobo' (activa online pinchando aquí), aseguran que con cerca de 45.000 firmas, que ahora profundiza en "la importancia de prohibir su caza como paso imprescindible para permitir el asentamiento y la dispersión de la especie y reconocer el gran valor económico, cultural y ecosistémico del lobo vivo".

Por contra, Castilla y León insiste, junto al resto de autonomías del noroeste y el apoyo de las organizaciones sindicales agrarias, en que llevará la prohibición de caza deportiva en España a las más altas instancias judiciales, en concreto ante el Tribunal Supremo, desautorizando muchos de los argumentos estatales para impulsar esa prohibición de acuerdo a directivas europeas.

De hecho, el consejero ha concretado que, aunque saben que el Ministerio no dará su brazo a torcer, están dispuestos a plantar batalla por mantener la caza del lobo: exigirán "un censo con la población de las otras comunidades que tienen lobo en pequeña cuantía; vamos también a hacer un texto alternativo de modificación de lo que entendemos que hay que modificar y hay que partir, que es la Estrategia Nacional de la Conservación del Lobo del año 2005; y pediremos al Ministerio una conferencia sectorial extraordinaria en la que las comunidades autónomas y el Gobierno, que es el foro donde hay que determinar estos asuntos, se pronuncie sobre esta situación". Aunque si no hay cambios, "nosotros vamos a ir adelante y vamos a ir a los tribunales, que es la última opción".

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